Con el auge de Internet, se abrió para las marcas un nuevo frente de batalla: la protección de su naming en el registro de dominios web, uno de los elementos más identitarios de las empresas en la esfera digital, hoy comprometido por el aumento del cybersquatting, es decir, la apropiación indebida de nombres de dominio.

Los conflictos entre marcas y nombres de dominio han crecido de forma exponencial gracias a las crecientes facilidades de registro web y la legitimidad que otorga ser el primero en hacerlo. El hecho de que la consulta «puedo registrar un dominio de una marca registrada» sea tan popular, demuestra el desconocimiento general que existe en esta materia y que ocasiona numerosos litigios entre marcas y empresas registradoras de dominios.

Antes de profundizar en el derecho a reclamar el dominio de una marca registrada, urge aclarar en qué supuestos surge este conflicto: (1) el nombre de dominio contiene caracteres idénticos o similares a una marca previa o posteriormente registrada (‘Acliclas’, en imitación de Adidas), y (2) el nombre de dominio contiene signos exactos o similares a una marca notoria que no ha sido registrada.

Así pues, la protección legal aparece como uno de los claros beneficios de registrar una marca comercial en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Para la resolución de disputas entre dominio y marcas, ¿qué leyes y normativas entran en juego? Principalmente, dos: la denominada Ley de Marcas y la norma y el UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) de la ICANN.

En primer lugar, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, contempla en su artículo 34.3 la prohibición del nombre de una marca cuando «el signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada».

Sin embargo, la confrontación entre marcas vs nombres de dominio se resuelve en muchos casos al margen de la vía judicial, dentro de los límites del Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, más conocido como ICANN. Esta entidad sin ánimo de lucro dispone en su normativa, del UDRP, un procedimiento de resolución de disputas en casos de coincidencia entre el nombre de una marca y un dominio en Internet.

Vigente desde octubre de 1999, el UDRP establece en su artículo 4.A las razones por las que una marca podrá reclamar un dominio registrado por terceros. Resumidamente, este artículo indica que la ausencia de derechos legítimos, la existencia de una marca similar o idéntica a la del dominio y la mala fe en el registro serán motivos suficientes para validar esta reclamación.

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La morosidad no es una cuestión baladí. El incumplimiento de obligaciones de pago a medio y largo plazo es un problema severo en España, que la crisis sanitaria amenaza con cronificar en los próximos años, más aún cuando nuestro país ya figura en el ‘podio’ de las naciones europeas con mayor cantidad de préstamos morosos, según un informe difundido por El Economista.

Que los impagos afectan negativamente a las partes acreedoras, no hay duda. Pero menos halagüeña es la otra cara de la moneda, los deudores: esos empresarios, autónomos y particulares que ingresan en un fichero de morosos en España.

¿Qué son las listas de morosos y cuántas existen?

Un fichero de morosos o de solvencia patrimonial se define como un sistema de información crediticia que lista las personas físicas y jurídicas que hayan incurrido en impagos o que carezcan de solvencia financiera. La finalidad de estos ficheros es informativa, y un amplio espectro de entidades y prestadores de servicios (bancos, compañías eléctricas, telefónicas, etcétera) los consultan con anterioridad a la venta de productos y/o servicios. Asimismo, la Seguridad Social y otras Administraciones Públicas acuden a estos ficheros antes de aceptar a trámite determinadas solicitudes.

En España el registro de morosos de la ASNEF goza de especial popularidad. Pertenece a la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, patronal de las entidades financieras especializadas en financiación al consumo, y formalmente recibe el nombre de bureau de morosidad, explotado conjuntamente por la ASNEF y la empresa Equifax.

Por su parte, la lista de morosos del RAI, o Registro de Aceptaciones Impagadas, destaca entre los ficheros de solvencia patrimonial más consultados en nuestro país. Compila información sobre PYMEs y grandes empresas que han incumplido obligaciones de pago, vencido el plazo de prescripción de las deudas con Hacienda u otras empresas proveedoras de productos/servicios.

Para los afectados, figurar en cualquiera de estos listados supone un varapalo, con graves consecuencias para la reputación comercial y el acceso a financiación. Llegados a este punto, ¿es legal que te incluyan en un fichero de morosos?, ¿existen formas de revertir la situación y salir de una lista de morosos?

Acreditar la inclusión improcedente en la ASNEF/RAI: una forma de salir de la lista de morosos

La cancelación de datos en un fichero de morosos no equivale a condonar las deudas pendientes. La información subsiguiente presupone que el interesado ha sido inscrito en la ASNEF o el RAI sin reunir los requisitos legales o que permanece en dichos ficheros pese al cumplimiento puntual de sus obligaciones financieras.

En concreto, la Agencia Española de Protección de Datos estipula tres condiciones que deben concurrir para que una persona sea incluida en un tratamiento de solvencia patrimonial y crédito. En primer lugar, «la existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado impagada», lo que significa que la cantidad impagada deberá ser cuantificable y no albergar dudas sobre su origen. Asimismo, «el requerimiento previo de pago a quien corresponda, en su caso, del cumplimiento de la obligación», puesto que «antes de acudir a los ficheros es necesario reclamar las cantidades adeudadas». Identificar si estos requisitos se han cumplido constituye una clara respuesta a la cuestión de cómo salir de listas de morosos.

Fundamental es, además, la inexistencia de documentos contradictorios para la parte acreedora, pues «las dudas sobre la legitimidad de la deuda pueden determinar la desaparición cautelar del dato personal desfavorable, como puede ocurrir en el caso de reclamaciones judiciales, administrativas o arbitrales», citando a la AEPD.

Por otra parte, en respuesta a cómo salir de ASNEF y otros ficheros de morosidad, la permanencia en ellos con posterioridad al cumplimiento de la deuda es una irregularidad fácilmente subsanable. Consiste en acreditar que la obligación atribuida al interesado está saldada. Esto debe realizarse ante el acreedor responsable de inscribir a la parte deudora en el registro de morosidad o directamente a la empresa encargada de administrar el fichero, aportando la documentación necesaria.

Si este trámite no da resultado, al afectado le resta la posibilidad de formalizar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. No obstante, este escenario es altamente improbable en la mayoría de los casos.

De cualquier modo, debido a la gravedad de esta coyuntura, su resolución puede requerir la intercesión de asesores fiscales en Madrid, para garantizar la cancelación satisfactoria de los datos del afectado en cualquier lista de solvencia patrimonial.

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¿QUÉ ES EL SISTEMA RED PARA AUTÓNOMOS?

El sistema RED es un servicio que ofrece la Tesorería General de la Seguridad Social a empresas, agrupaciones de empresas y profesional, que tiene por objetivo permitir el intercambio de información entre los usuarios y la Tesorería General de la Seguridad Social a través de Internet. Así, a través de este sistema se puede mantener contacto directo con la TGSS, así como la remisión de documentos de cotización y afiliación, además de partes médicos.

Este servicio abarca los servicios de cotización (ingreso de cuotas, etc.), afiliación (altas, bajar, variaciones de datos de trabajadores, etc.), Instituto Nacional de la Seguridad Social (remisión de certificados de paternidad y maternidad, tramitación de partes de alta y baja médica, etc.), así como la gestión de las autorizaciones.

Usando el Sistema RED el usuario podrá realizar todas estas gestiones y podrá, además, recibir mensajes de la TGSS, sin necesidad de desplazarse y desde la comodidad que ofrece su propio despacho.

¿TIENEN LOS AUTÓNOMOS OBLIGACIÓN DE DARSE DE ALTA EN EL SISTEMA RED?

A partir del 1 de octubre los autónomos tendrán obligación de darse de alta en el Sistema RED. No obstante, ¿qué autónomos tienen esta obligación? ¿Deben todos los autónomos darse de alta en este sistema?

De acuerdo con la Orden ESS/484/2013, la Seguridad Social no amplía la obligatoriedad de alta en el Sistema RED de la TGSS a todos los trabajadores autónomos, de manera que sólo tendrán obligación de darse de alta en el Sistema RED los autónomos con trabajadores por cuenta ajena a cargo. Así, no se sigue el criterio de la ESS 214/2018.

Así, como regla general estarán obligados a darse de alta en este sistema todos los trabajadores incorporados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos y en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, siempre teniendo en cuenta el criterio seguido por la TGSS y plasmado en la Orden ESS/484/2013. No obstante, hay ciertas excepciones como los profesionales taurinos, los profesionales incorporados al Sistema de Empleados del Hogar y los Autónomos del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar de los grupos segundo y tercero.

CÓMO DARSE DE ALTA EN EL SISTEMA RED DE LA TGSS

Hay dos opciones a tener en cuenta:

• Si el autónomo ya dispone de un asesor autorizado RED, será ese asesor quien gestione en nombre del autónomo sus obligaciones, de forma que el trabajador autónomo no deberá realizar ningún trámite.
• Si el trabajador autónomo quiere figurar como autorizado RED deberá -y estará obligado a ello- tener un certificado digital que acredite que consta como autorizado RED.
• Si no se tiene el certificado digital que acredita como autorizado RED, el trabajador autónomo deberá dirigirse a la sede de la TGSS con una fotocopia del DNI, la documentación que certifica su documentación de autónomo en el Régimen correspondiente en la Seguridad Social y una solicitud expresa de acceso al sistema RED de la TGSS.

¿CÓMO AFECTA A LOS AUTÓNOMOS EL SISTEMA RED?

Con la digitalización de los procesos de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria a través de sistemas como el sistema RED de la Tesorería General de la Seguridad Social es cada vez menos frecuente y menos necesario desplazarse hasta las oficinas de la Agencia Tributaria o de la Seguridad Social, entre otras instituciones para realizar las actuaciones y gestiones necesarias.

Esto, a pesar de las dificultades que pudiera entrañar darse alta en el sistema, es, sin duda, una comodidad para el trabajador autónomo, quien podrá hacer todas las gestiones desde su propia oficina y no tendrá que preocuparse por los horarios de atención al público de estas instituciones. Además, todo será de más fácil acceso gracias al desplazamiento del papel en pro de medios digitales.

¿Te quedó claro todo lo que debe hacer un autónomo? Si no es así, el Servicio de Asesoría de Gestiun está a su total disposición para ayudarle en todo lo que necesite. Cada caso es un mundo y por eso se atiende a cada cliente de forma personalizada.

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Esta es sin duda una de las grandes preocupaciones del nuevo emprendedor que ha perdido su trabajo por cuenta ajena. ¿Es compatible ser autónomo y comprar el paro?

De todos es conocido que, hasta hace poco tiempo, el simple hecho de darse de alta como autónomo un día al mes en la Seguridad Social implicaba pagar la cuota mínima del mes entero y, por supuesto, dejar de cobrar el paro, pues ya estabas trabajando.

¿La compatibilidad entre paro y autónomo es posible en 2016?

El pasado año se aprobó la Ley de Fomento del Trabajo Autónomo gracia a la cual es posible cobrar el paro y además ser autónomo. Eso sí, con el límite de 9 meses. A partir de entonces hay que cotizar a la Seguridad Social.

Eso no significa que en ningún caso se pierda el paro totalmente. Si nos vienen mal dadas, podremos volver a cobrar el paro si se cierra el negocio en el plazo de 5 años desde que se abrió.

No obstante, una vez que termine la compatibilidad entre paro y autónomo, todavía podemos beneficiarnos de ciertos incentivos como la tarifa plana de 50 euros para el emprendedor.

Es muy importante el plazo en el que se pide la compatibilidad. Es de 15 días desde que el autónomo se da de alta en la agencia tributaria.

Desde la asesoría de autónomos Gestiun guiaremos tus pasos para que la compatibilidad entre paro y autónomo sea la idónea acorde con la legalidad, informándote de todo el proceso.

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El despido laboral es sin duda un momento delicado y en muchas ocasiones traumático para el empleado.

Un adecuado asesoramiento jurídico en estas circunstancias puede hacer que el empleado consiga una mayor o menor indemnización o incluso negociar la recontratación en un futuro.

Todos sabemos que las razones y circunstancias que rodean a un despido son múltiples y que se deben analizar las circunstancias que concurren en cada caso.

Pero lo que resulta evidente es que el asesoramiento jurídico en estas circunstancias en muy aconsejable.

Beneficios de la Contratación de Asesoramiento Jurídico en Caso de Despido

Una adecuada asesoría jurídica beneficiará al empleado despedido de la siguiente forma:

• Comprobar que el cálculo de la indemnización por despido y el propio finiquito es correcto. Estos cálculos no son sencillos y cualquier error se puede traducir en una menor indemnización a recibir.
• Conocer las posibilidades de éxito en caso de recurrir a los Tribunales para recurrir el despido.
• Conocer si el tipo de despido es el correcto o no. El despido puede ser procedente y improcedente. Asimismo, que sea o no por causas económicas implica una mayor o menor indemnización. Evaluar correctamente el tipo de despido es fundamental para determinar si la cantidad a percibir es o no correcta.
• Saber si es posible anular el despido y obtener la recontratación. En no pocas ocasiones, los despidos son simplemente nulos. Para saberlo, debes ponerte en manos de un profesional.

Ante estas circunstancias, siempre que un empleado sea despedido es recomendable que cuente con la ayuda de un servicio especializado en asesoramiento jurídico que vele por sus derechos.

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Como muchos ya sabéis, en este año 2016 las sociedades civiles con objeto mercantil van a tributar como una sociedad más en el Impuesto de Sociedades.

Por ello, es necesario plantearse la posibilidad de transformar la sociedad civil en sociedad limitada, o incluso disolver la misma de modo que sus socios pasen a tributar y actuar como autónomos.

Hasta ahora, los beneficios que se imputaban a los socios de las sociedades civiles lo hacían en régimen de atribución de rentas, de modo que el beneficio que correspondía a cada uno se integraba en la base imponible del IRPF.

Un resultado similar se puede obtener desde el punto de vista fiscal, simplemente disolviendo la sociedad y dándose de alta como autónomos.

En este caso, los ingresos de los socios tributarán como rendimientos de actividades profesionales o empresariales con una tributación prácticamente idéntica a la del régimen de atribución de rentas.

El problema que surge con esta solución para transformar una sociedad civil en sociedad limitada es lógicamente organizativo, puesto que se deja de ser una sociedad y habría que buscar fórmulas bajo contratos mercantiles para seguir colaborando y contando con recursos de los otros socios.

Por este motivo, la mayoría de las sociedades civiles con objeto mercantil (la ley excluye por tanto de tributar en el impuesto de sociedades a las que realizan otro tipo de actividades como mineras, agrícolas, ganaderas o profesionales), se están transformando en sociedades limitadas.

¿Que implicaciones fiscales tiene la transformación de la sociedad civil en sociedad limitada?

Para aquellas sociedades civiles que se disuelven en la primera mitad de 2016 y se constituyen como sociedades en la segunda mitad de 2016, la Ley ha previsto un régimen fiscal especial en la que básicamente se busca una neutralidad fiscal.

Esta neutralidad fiscal se traduce en una exención del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados al disolver la sociedad civil, junto a un régimen de diferimiento de tributación de las rentas o bienes adjudicados al socio hasta el momento en que éstos se transfieran a un tercero.

Lo mismo sucede a nivel de la tributación local, con la comúnmente llamada “plusvalía municipal” en relación a los inmuebles que se adjudiquen al socio.

¿Cómo se transforma una sociedad civil en sociedad limitada?

Hoy día, es una acto sencillo y cada vez más ágil. Es similar a la constitución de una sociedad, que puede hacerse desde cero en menos de una semana.

Es necesario que todos los socios prueben los nuevos estatutos de la sociedad, aportar un balance de situación cerrado a la fecha de la transformación (aunque vale cualquier balance cerrado 6 meses antes), depositar los 3.000 euros de capital social mínimo y nombrar uno varios administradores.

En definitiva, los mismos que cualquiera otra sociedad con la salvedad que hay que adjuntar una balance para mostrar la situación de la sociedad.

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Tomar cautelas en ocasiones resulta insuficiente. Frente al riesgo de que se produzcan impagos de clientes, le proponemos cómo asegurar el cobro.

Recabar pruebas documentales resulta esencial para actuar frente a un impago. Así, debe comenzar recopilando el pedido realizado por su cliente y su aceptación, asegurándose que el albarán de entrega o el parte de trabajo -en caso de tratarse de una prestación de servicios- están firmados por este.

Se recomienda que tanto el pedido como la aceptación se hagan siempre por escrito.

Pero si ya se ha producido el impago, puede enviar una carta al cliente por la que se le requiera el mismo. Una buena estrategia para actuar ante los impagos de clientes es que sea usted mismo, como gerente de la empresa que presta los servicios, el que haga llegar el primer requerimiento.

Transcurrido un tiempo razonable, si no se obtiene respuesta del cliente, su abogado puede enviar una nueva carta por la que se le requiera el pago.

No es aconsejable enviar numerosos requerimientos al cliente.

El cliente solicita el aplazamiento del pago de la deuda. ¿Qué debe hacer entonces?

En caso de que el cliente ofrezca, tras el requerimiento por impagos, aplazar el pago de la deuda, este compromiso debe expresarse también por escrito.

Así, se aconseja elaborar un escrito en el que el cliente reconozca la deuda existente y en el que se exprese el pacto alcanzado en relación a los plazos de pago.

Si carece de estos documentos, no se preocupe. Consulte a su asesor de confianza, ya que también es posible reclamar el impago de un cliente aportando otra serie de pruebas que acrediten la entrega de la mercancía o la prestación del trabajo contratado.

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Pero en determinadas gestiones la Seguridad Social requiere de un Certificado Digital, sin el cual el acceso a estos servicios se verá restringido.

 

Tipos de Certificados Digitales emitidos por la Seguridad Social

Los oficinas de la Seguridad Social proporcionan fundamentalmente dos tipos de certificados digitales:

• CLASE 2CA de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre- Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), para la mayoría de ciudadanos.
• Certificados SILCON para los representantes de empresas y expresamente para el sistema RED.

Ambos se usan para acceder a la Sede Electrónica, no obstante, el certificado SILCON es de ámbito más exclusivo, mientras que el certificado 2CA puede ser utilizado de forma más amplia en otros organismos públicos y privados.

Pasos para obtener el Certificado Digital de la Seguridad Social

La obtención de ambos certificados no es tarea ardua si se siguen los pasos de sus respectivas guías, contenidas aquí

Algunas de las Autoridades de Certificación que emiten certificados admitidos para los trámites de la Seguridad Social son el Banco de España, Ministerio de Defensa, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Registradores de España, Banco Santander y Cuerpo Nacional de Policía.

Asimismo, cada trámite concreto podrá determinar los tipos de certificados aceptables para actuar electrónicamente.

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Para las empresas

En el caso de las empresas, lo más habitual será legalizar los poderes de las personas que representarán a las mismas en nuestro país y acreditar la existencia de la misma en el país de origen. Para ello, será necesario:

• Solicitar un certificado del Registro Mercantil u organismo competente en el país de origen que acredite que la empresa extranjera realmente existe y está válidamente constituida.
• Igualmente, dicho certificado debe acreditar que la persona firmante en su nombre se encuentra debidamente inscrita y goza de los poderes necesarios para firmar en nombre de la empresa y obligarla en el acto concreto de que se trate.
• Cualquier documento extranjero firmado ante Notario debe estar legalizado con la Apostilla de la Haya. La apostilla de la Haya es el mecanismo que se utiliza para saber que el Notario extranjero es realmente un Notario.
• Es necesario traducir todos los documentos anteriores al idioma español, incluida la propia Apostilla de la Haya, mediante un traductor jurado.

Para las personas físicas

La casuística es realmente variada, puesto que la situación de cada persona es distinta. Existen diferentes fórmulas para obtener un permiso de residencia en España. Igualmente, no es lo mismo inmigrar desde un país de la UE que de fuera.

En el siguiente link de la Secretaria General de Inmigración http://extranjeros.empleo.gob.es/es/index.html, obtendrá información relevante sobre los modelos de solicitud e información sobre los pasos a seguir

El NIE

En todo caso, si usted es un extranjero que ha venido a España y necesita realizar cualquier tipo de documento oficial, necesitará un Número de Identificación de extranjero (NIE).

El NIE será necesario para cualquier transacción económica, como abrir cuentas en el Banco, comprar casa o coche o cumplimentar cualquier impreso ante la Administracion.

Cuando se está en España, habrá que obtener el NIE en la comisaría de policía de donde se viva. Si todavía se está fuera del territorio español, habrá que acudir al consulado.

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Efectivamente, se pueden obviar los tribunales para reclamar las deudas y, aunque la posibilidad de reclamar deudas mediante notario no es nueva, sí lo es el carácter ejecutivo que adquiere el requerimiento de pago efectuado por el mismo.

En el caso de que el requerido se niegue a interactuar con el notario, bien porque no paga o porque ni siquiera se oponga a este en los 20 días hábiles siguientes al requerimiento, dicho notario dejará constancia de la negativa.

Y si antes, tras esta situación, el acreedor debía iniciar el proceso judicial declarativo, ahora, con el mero requerimiento de pago, puede prescindirse del procedimiento monitorio. Simplemente, el notario cerrará acta con la que se podrá solicitar directamente el embargo de los bienes del deudor.

La decisión de acudir a un Notario, frente al tradicional procedimiento monitorio, se basa fundamentalmente en la rapidez y agilidad que adquiere la reclamación, lo que permite ver satisfecho el crédito de forma más efectiva.

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